A contramano de los deseos de Toviggino, un fiscal pidió que la causa de la mansión en Pilar vuelva al juez Aguinsky

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió que la causa en la que se investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, vuelva al fuero en lo Penal Económico donde la investigaba el juez Marcelo Aguinsky.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que así lo expuso en un dictamen en el que compartió el criterio del resto de los fiscales que consideraron que el expediente no debe estar en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, donde se encuentra actualmente.

Villar mantuvo la apelación que llegó a Casación. Ahora el tribunal debe resolver si acepta tratarla. Si lo hace podría convocar a una audiencia para tratar el planteo con todas las partes.

Lo que se debate en este tramo de la causa es una disputa de competencia entre juzgados. Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quiénes figuran como dueños de la propiedad pero no tienen la capacidad económica para adquirirla, pidieron que el caso en la que se investiga lavado de dinero pase a Campana.

El argumento es que la casa está en Pilar y por lo tanto corresponde que el caso se investigue en esa jurisdicción que el corresponde al juzgado de Campana. González Charvay aceptó el pedido y le pidió la causa a Aguinsky.

El juez en lo Penal Económico rechazó el planteo. Sostuvo que la principal hipótesis es que el dinero para comprar la propiedad salió de la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto el caso le corresponde a él.

La disputa la resolvió Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín, que dispuso que el caso se investigue en Campana. Todos los fiscales del caso habían dictaminado que debe instruirse en Penal Económico.

El fiscal general de la Cámara de San Martín, Carlos Cearras, apeló el fallo de la Cámara y así llegó a la Cámara Federal de Casación para que se vuelva a discutir dónde debe investigarse.

Cearras consideró que el territorio no determina la competencia de un caso de lavado de dinero, sino que deben tenerse en cuenta otros elementos. Además señaló que la Cámara Federal de San Martín no debió resolver la disputa, sino que le correspondía a la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal superior de Aguinsky porque era el juez que tenía el expediente.

Esa postura fue avalada por Villar. “Manifiesto que mantengo el recurso de queja interpuesto por el Sr. Fiscal General, contra la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires”, señaló en su dictamen.

Ahora deberá resolver la Sala I de Casación que para este caso modificó su integración. El juez Carlos Mahiques renunció a seguir interviniendo como magistrado de esa sala cuando el diario La Nación público que el año pasado festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino. Mahiques es el padre del nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Y esta semana se apartó del expediente el juez Daniel Petrone porque en el juzgado de Campana hay una causa conexa en la que se investiga al empresario Javier Faroni que maneja los fondos de la AFA en el exterior. Petrone dijo que su hijo y el de Faroni comparten colegio.

Así los jueces que quedaron a cargo de resolver son Javier Carbajo y Angela Ledesma.

Cuando la causa la tuvo el juez Aguinsky entendió que podía haber sido comprada con fondos de la AFA por las prueba que obtuvo. Entre ellas, que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA desde la que se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados de la propiedad y que tenía gastos mensuales de 50 millones de pesos. Además esos autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares de Toviggino.

Con el cambio de juzgado, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba: dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información en organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre la información que ya estaba en el expediente. Una de ellas medidas fue en el aeropuerto de San Fernando para buscar información sobre los pasajeros que hicieron vuelos en helicóptero a la propiedad.